Argentina, 28 de Abril de 2014
Nota: cronica.com
El juicio por jurados propio del sistema jurídico anglosajón, se funda
en el axioma que reza ‘Doce ingleses honestos no pueden equivocarse’. No
erran? Pues claro que sí. En realidad la afirmación debe entenderse en
el siguiente sentido ‘Doce ingleses honestos expresan con bastante
aproximación lo que la sociedad entiende como justo en un lugar y en un
tiempo histórico concreto’.
Y es que desde los romanos hasta acá, Occidente ha coincidido en aquel
otro axioma liminar que sostiene que ‘justo es dar a cada uno lo suyo’.
Lo suscribimos todos, pero desde entonces todos también debatimos sobre
‘que es lo suyo de cada uno’. Cómo se resuelve? En el sistema anglosajón
como ya hemos visto, lo definen los ‘doce ingleses honestos’. En
nuestro sistema, lo dicen los jueces que son quienes ‘dicen el derecho’ o
sea la ‘iuris dictio’ romana.
Ello ha permitido afirmar a los más
caracterizados doctrinarios que ‘La ley dice lo que los jueces dicen que
dice’, y también que ‘Ninguna ley obliga al Juez a decir el injusto’.
En definitiva -como en tantísimas otras oportunidades a lo largo de la
historia-, pareciera ser que el tan encendido debate vinculado con el
tema de la seguridad que nos ocupa por estos días -hasta aquí más que
debate mero cruce de agravios e imputaciones-, vuelve a ceñirse al
interrogante de siempre: ‘Qué es lo suyo de cada uno’, o para precisar
con mayor rigor ‘Qué es lo suyo hoy en Chubut de los delincuentes y de
las víctimas del delito’ y por cierto, quién debe decirlo.
Hemos visto antes que aquí y ahora que, lo ‘justo’ deben decirlo los
jueces.
Parece simple pero no lo es tanto en el ámbito de una sociedad
adolescente como la nuestra en la que los criterios generales sobre la
materia de la seguridad no aparecen tan claros y en la que se suele
actuar espasmódicamente tanto sobre este tema como sobre otros
esenciales (por citar algunos recordemos la gestión del agua, la materia
ambiental, la energía etc.) al punto que se está tentado de sospechar
que la agenda gubernamental no resulta de programas definidos
reflexivamente con antelación sino por la tapa de los diarios de cada
mañana. En ese marco, se cruzan los mensajes contradictorios a tal
extremo que parece excusable que algunos actores no alcancen a percibir
qué espera concretamente de ellos la sociedad. Ejemplo paradigmático, se
escucha hasta el hartazgo de boca de legisladores y administradores del
Estado, sostener que ‘no debe criminalizarse la protesta social’. Es
una verdad de Perogrullo. La protesta no es un crimen obviamente. Sí lo
es en cambio la metodología que en algunos casos adopta, vulnerando
derechos de terceros (cortes de ruta, daños a bienes públicos o
privados, usurpaciones, hurto de energía eléctrica etcétera). ¿Cuánto de
estos crímenes está dispuesta hoy a soportar y tolerar la sociedad?
¿Cuánto resiente la convivencia ordenada esta confusión colectiva
respecto de tales conductas? Y fundamentalmente ¿Son sólo los jueces en
la soledad de sus despachos quienes deben decir lo ‘justo’ en esta
materia o es acaso a quienes representan al pueblo a quienes toca
primero expresar con claridad y precisión cuál es hoy y aquí el
sentimiento colectivo sobre el tema?.
La duda introducida en el párrafo que antecede se extiende al delito
común. Porque ¿Cuánto crimen está dispuesta hoy a tolerar la sociedad al
amparo de la denominada ‘exclusión social’?, ¿Cuánto a partir de las
teorías que insisten en suponer en el delincuente a una supuesta víctima
de un sistema que sin embargo -salvo grupúsculos minoritarios-, nadie
propone modificar sustancialmente?.
Entre tanto. Suponiendo que súbitamente los jueces tornaran a la
severidad que el delito debiera ameritar, ¿dónde habríamos de alojar a
los delincuentes? Porque la Provincia del Chubut no tiene cárceles ni
servicio penitenciario que se haga cargo de los presos. Las Alcaidías y
las Comisarías son solo lugares transitorios de detención pero no reúnen
las condiciones de seguridad necesarias ni la Policía está capacitada y
mucho menos motivada para tal tarea.
No es casual. El populismo
resiente ocuparse de estos asuntos aquí y en todos los lugares donde
prospera seamos justos. Se entiende, inaugurar cárceles (y también
cloacas que no se ven) no es tan glamoroso y han de suponer no provee
tantos votos como los que hasta aquí han proporcionado otras obras
cuando no la distribución de empleos y prebendas entre parientes, amigos
y demás favorecedores. Reflexionemos, hace no tanto tiempo se gastaron
ingentes sumas de dinero en la instalación y funcionamiento de una
suerte de representación cuasi diplomática en Paris lo que sin duda
habrá sido de gran conveniencia para los pocos privilegiados que
disfrutaron las mieles de emprendimiento tan escandalosamente inútil,
pero no se hizo una cárcel y mucho menos se delineó al menos la
conformación de un servicio penitenciario.
Concluyendo, si se coincide en sostener que lo suyo de cada uno hoy y
aquí es delincuentes presos y reparación integral del daño provocado a
las víctimas -que es lo que en forma abrumadoramente mayoritaria demanda
la sociedad-, lo suyo de los jueces es entonces la implacable y severa
aplicación de la ley no solo a partir de ordenamientos circunstanciales
más fruto de veleidades intelectuales e ideológicas ajenas al sentir
colectivo ni a la discrecionalidad que tales ordenamientos habilitan
sino con fundamento en lo justo tal como lo reclaman hoy los ciudadanos.
Lo suyo de los legisladores -que son quienes deliberan y gobiernan en
nombre del pueblo según nuestras Constituciones-, definir legalmente con
absoluta precisión (que lo que no se legisla explícita y taxativamente a
favor de los ciudadanos queda implícitamente legislado a favor de los
delincuentes) qué es lo suyo de cada uno a la vez que ejercer mejores y
más afiatados controles sobre el poder al que se encomienda la
aplicación de la ley.
También claro, incorporar a la Ley de Presupuesto
las partidas necesarias para conformar un sistema carcelario eficaz,
crear el servicio público penitenciario que guarde de los presos y, en
definitiva, fijar cuánto está dispuesta a pagar la sociedad por la
seguridad.
Por último, los Ejecutivos, es decir el poder administrador
debiera -sin demora- instrumentar las decisiones de los legisladores y
saldar la deuda que se tiene en esta materia. No es difícil. Se
argumentará por algunos que no hay recursos suficientes (Tampoco parecía
haberlos en algunas cooperativas para gestionar adecuadamente el agua
pero resulta que sí los había para aventuras telefónicas e informáticas
alejadas de los servicios que sí se les encomendaron y prestan
deficientemente), argumento vano. Cierto es que los recursos por
naturaleza son siempre escasos pero seguramente habrá ingentes medios
cuya actual aplicación puede modificarse. La carencia de recursos no es
argumento válido si existe convicción y decisión. Estas son las
carencias reales.
Simultáneamente la sociedad por intermedio de sus representantes y del
poder administrador debe abordar integralmente la exclusión social, no
solo la que pesa sobre algunos de quienes delinquen sino particularmente
de los tantísimos jóvenes que no lo hacen pero no acceden hoy a una
real igualdad de oportunidades como consecuencia de haber sido
abandonados a su suerte (mala suerte en la mayoría de los casos).
Servicios públicos de salud, educación y seguridad totalmente
colapsados, ausencia de infraestructura urbana suficiente (Alguien
advirtió acaso que en la zona sur de nuestra ciudad no solo no hay una
pileta de natación, no hay tan siquiera una pista de atletismo
medianamente utilizable?), imposibilidad de acceder a la vivienda
propia, etc. etc. Redistribuir la riqueza no es repartir algunos
empleos de bajísima calidad y menos asistir meramente para la
supervivencia, tampoco claro amparar el delito que implica la usurpación
desordenada de tierras de la que no resultan solo víctimas sus
legítimos dueños sino el conjunto de la sociedad que pierde espacios
esenciales para la generación del equipamiento urbano.
Decimos sostener un sistema republicano. Pues en un sistema republicano
quien gobierna es el pueblo a través de sus representantes, es decir
los legisladores; los Ejecutivos no gobiernan, administran conforme
deciden aquellos, y los jueces hacen cumplir la ley. La ofuscación, los
agravios, las interminables imputaciones cruzadas, no resuelven los
problemas. El populismo desenfrenado menos como la sociedad comienza a
advertir.
Pareciera ser entonces que la madeja debiera comenzar a
desenredarse a partir de la asunción en plenitud por cada poder de sus
respectivos roles institucionales y ello con fundamento en el debate, la
reflexión, las convicciones y principios que se correspondan con lo que
el pueblo reclama y el más elemental sentido común aconsejan. No es
difícil, se reitera. Cada uno a lo suyo, a hacer su trabajo, aquel por
el que la sociedad paga, que no para resultar más simpático o para
lograr eternizarse en empleos públicos que más parecen resolver las
necesidades personales que las del pueblo que es el titular del poder.
Teniendo claro que no hay solución si no se administran los recursos de
todos con transparencia, fidelidad y sanamente, que tampoco es
complicado, es lo que hacen cada día los buenos padres y madres de
cualquier familia. A las cosas entonces como decía Ortega y Gasset y tal
vez así, después de algún tiempo, llegue (como canta Serrat), el tan
postergado día del sentido común.
Enlace;
http://www.diariocronica.com.ar/109817-algunas-breves-consideraciones-sobre-la-seguridad-publica.html
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